La principal organización de dreamers de Estados Unidos rechazó el martes los planes la Casa Blanca de legalizar su permanencia en el país, pero a cambio de que el Congreso apruebe los fondos para construir el muro en la frontera con México y para aumentar los arrestos y deportaciones a inmigrantes indocumentados.
“Nos oponemos rotundamente a ser utilizados como moneda de cambio, como parte de una negociación para aprobar un plan racista que refleja los valores de la supremacía blanca que quiere deportar a personas como mis padres, ponerlos en campos de concentración y después deportarlos de Estados Unidos”, dijo a Univision Noticias Cristina Jiménez, secretaria ejecutiva de United We Dream (UWD).
El plan de la Casa Blanca de Donald Trump consiste en un proyecto que protegería a los jóvenes indocumentados que llegaron al país antes de cumplir 16 años y se les conoce como dreamers, reportó el sitio McClatchy. Pero sería utilizado como pieza de negociación en el Congreso para lograr un acuerdo sobre inmigración.
El reporte agrega que el plan cuenta con los respaldos del anterior y el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus y John Kelly, respectivamente, de la hija del mandatario Ivanka Trump, de su esposo Jared Kushner, y del vicepresidente Mike Pence, entre otros.
“Incluso Steve Bannon”, el principal estratega de Trump quien fue despedido la semana pasada, asegura el medio.
“Mi hermano no tiene DACA y mis padres son indocumentados”, señaló Jiménez. “Pido a los miembros del Congreso y a todas las personas que piensen en sus familias antes de considerar este último trato de Trump. No puedo utilizar mi bienestar para golpear a mis padres y a mi hermano. Este plan es moralmente incorrecto y debe ser rechazado”.
Ultimátum a Sessions
Los planes de Trump se conocen dos semanas antes de que venza el ultimátum lanzado por 10 estados encabezados por Texas, cuyos fiscales generales, y el gobernador de Idaho, fijaron el 5 de septiembre para que el fiscal general Jeff Sessions cancele la Acción Ejecutiva de 2012 (DACA), que actualmente protege a unos 788,000 dreamers de la deportación.
En caso de que Sessions no responda, los detractores de DACA amenazan con demandar el beneficio ante el mismo tribunal que en 2015 detuvo la implementación de DAPA, un programa creado por el expresidente Barack Obama por medio de una acción ejecutiva, cuyo objetivo era amparar de la deportación a unos cinco millones de indocumentados padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes.
Sessions, de acuerdo con la publicación de McClatchy, se opone a los planes de Trump de legalizar la estadía de los dreamers.
Una fuente del congreso consultada por Univision Noticias la semana pasada dijo, bajo condición de anonimato, que Sessions no respondería al ultimátum de los 10 estados, “para entonces obligar a los detractores a presentar la demanda ante un tribunal de Texas. De ser así, el gobierno no hará nada por defender el programa y dejará que la corte lo frene. Si lo hace, no será el presidente quien detenga este beneficio creado por el expresidente Obama”.
A principios de agosto, Univision Noticias reportó que el senador republicano por Arizona, John McCain, iniciará en septiembre, al término de las vacaciones de verano, conversaciones para sacar adelante una reforma migratoria diferente a la que apoya Trump.
McCain dejó pláticas adelantadas con el legislador Charles Schumer (Nueva York), líder de la minoría demócrata en el Senado y un importante aliado de una reforma migratoria amplia que incluiría no solo a los dreamers, sino a la mayoría del resto de indocumentados, estimados en 11 millones.
Apoyo bipartidista
La oficina de Schumer dijo a Univision que el legislador neoyorquino “sigue comprometido en encontrarle solución a nuestro sistema de inmigración”, y que entiende que “el camino hacia una solución permanente para los 11 millones de indocumentados es trabajar de forma bipartidista con una reforma migratoria”.
El optimismo de Schumer, sin embargo, se estrella con los planes que Trump anunció durante su campaña. El presidente dijo que en un plazo de 18 meses deportaría a todos los indocumentados, pero después rebajó la cifra a cuatro millones con antecedentes criminales.
El 25 de enero, menos de una semana después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó dos órdenes ejecutivas, una sobre el muro y otra relacionada con las ciudades santuario, donde decreto que la permanencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional.
El mandatario también fijó nuevas prioridades de deportación, y ordenó aumentar y acelerar las detenciones y expulsiones de indocumentados.
“Nosotros queremos que DACA se mantenga”, dijo Jiménez. “El programa ha demostrado que ha funcionado efectivamente. Esa es nuestra demanda en este momento. Y también que los republicanos sepan que no seremos ser utilizados como moneda para que el gobierno de Trump criminalice y deporte a nuestros padres”.
El gobierno de Trump guardó silencio sobre el tema. “La Casa Blanca no comenta en planes que, bien se podrían o no estarse contemplando”, dijo a Univision Noticias la vocero Helen Aguirre Ferré.