TLAXCALA, México.- Cae la noche sobre las vías. Un grupo de hombres enfundados en un uniforme negro y botas, armados con fusiles, viajan en patrullas blancas. Se abren camino entre la maleza hasta alcanzar el paso del tren. Gritan, maldicen y enseguida comienzan a disparar. El objetivo son los migrantes que van aferrados a los vagones rumbo a Estados Unidos. Un tiro sigue a otro. Ocho denuncias a las que tuvo acceso Univision relatan la misma escena. Más de 300 migrantes han sufrido ataques similares desde 2015.
Muchas de las denuncias responsabilizan a temibles guardias de una corporación de seguridad cuyo funcionamiento interno es un misterio. Se trata del Cuerpo de Seguridad Auxiliar Urbana del Estado de México (Cusaem), un ente gestionado por el gobierno del Estado de México que no parece dispuesto responder a los controles normales de vigilancia del Estado, ni al escrutinio de los medios.
Los migrantes aseguran que los responsables son “quienes cuidan el tren”.
“No sabemos frente a qué nos enfrentamos. Se lee en las unidades y en las patrullas que operan en esta zona que dice Cuerpos de Seguridad del Estado de México, pero a su vez operan también como un cuerpo de seguridad privada. Llama mucho la atención que vengan armados, que vengan con armas largas”, dijo Sergio Luna, quien dirige el albergue La Sagrada Familia, en Tlaxcala.
El gobierno mexicano, autoridades locales y la empresa de trenes Ferromex tienen noticia de los señalamientos contra estos sujetos vestidos de negro. Prueba de ello son las minutas de dos reuniones ocurridas en 2016 entre funcionarios y representantes de las víctimas, de las que Univision tiene copia.
Cusaem fue formalmente reconocido como parte del gobierno del Estado de México cuando el actual presidente del país, Enrique Peña Nieto, era gobernador de allí.
Oficialmente la presunta responsabilidad de la corporación en los ataques a los migrantes no se ha determinado. Los activistas aseguran que no hay un solo detenido por las denuncias de las víctimas. Durante meses Univision solicitó entrevistas con los directivos de Cusaem en varias instancias, pero fueron negadas.
Documentos obtenidos en exclusiva revelan que Cusaem utiliza una licencia de portación de armas (ver documento en PDF) del gobierno del Estado de México para prestar servicios de vigilancia. Sin embargo, este permiso se limita a la seguridad pública y prohíbe “su uso para prestar servicios de seguridad privada”. No está claro si el cuidado del tren cae dentro del ámbito del permiso como seguridad pública.
La vigilancia en La Bestia supuestamente está amparada por un acuerdo que permite a Cusaem operar fuera del estado de México. Este documento es otro misterio, pues las autoridades que deberían tenerlo respondieron a solicitudes de información que no lo localizaban en sus archivos.
Con estos supuestos permisos el Ejército mexicano ha vendido a Cusaem más de 7,000 armas en los últimos diez años (ver documento en PDF). Una base de datos elaborada por Univision muestra que este arsenal le ha servido para firmar contratos de seguridad con el gobierno del presidente Peña Nieto por más de 200 millones de dólares.
Por estas presuntas irregularidades, decenas de organizaciones promigrantes han pedido públicamente al gobierno mexicano desde 2015 que se inspeccione o retire a Cusaem de las vías del tren.
“El objetivo es tirar a matar a esta población que usa el tren. Hay migrantes con balas en la espalda, en los brazos, en el cuello, en la sien y no hay ningún agresor detenido. Ninguno’’, dijo a Univision la hermana Leticia Gutiérrez, directora general de Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados, una organización sin fines de lucro que ha dado asistencia a las víctimas.
“La empresa sigue funcionando, sigue estando bajo su responsabilidad el cuidado de inmuebles a nivel federal, sigue cuidando las rutas del tren y no hay ni una suspensión, ni una llamada de atención”.
Patrullas “de reacción”
Javier (su nombre fue cambiado) era uno de los guardias de Cusaem que custodiaba La Bestia. Él fue testigo de las agresiones violentas contra los migrantes. Dijo que sus propios compañeros eran los responsables.
“En Celaya (Guanajuato) había una patrulla de reacción encargada de eso (disparar) y de torturar. Había varios tiradores. No sé qué tenían en la cabeza, o si creían que los centroamericanos eran ladrones”, contó en una de varias entrevistas.
Javier actualmente tiene otro oficio. Confesó que en ocasiones las armas que usaban para atacar a migrantes eran “chuecas” (ilegales)”. Su versión sobre el uso de armas sin permiso oficial fue confirmada por otro guardia, en activo, que aceptó hablar en otro sitio del país a condición de anonimato.
Una noche de 2015, hombres con uniforme negro dispararon contra un grupo de hondureños que estaban próximos a llegar a la estación en el mismo sitio donde Javier trabajaba, en Guanajuato. Apenas inició el tiroteo, uno de los centroamericanos cayó tendido sobre el chasis del vagón de La Bestia.
El migrante no sabía cuán grave era la herida. Desconocía que los 300 perdigones (municiones de plomo) que salieron escupidos de una escopeta se le habían enterrado en la espalda.
“Me pegaron… Estoy muerto”, gritaba el migrante de 37 años de edad a sus compañeros del tren.
Pese a las ínfimas posibilidades de salir con vida, logró recuperarse y denunciar los hechos ante la Fiscalía de Guanajuato, señalando a los custodios del tren como sus atacantes. El caso no ha tenido avances.
“Si me quedo me van a matar”
El hondureño Pedro Rafael iba a bordo del tren a medio camino hacia el norte de México durante la madrugada del 4 de abril de 2017. Estaba a punto de llegar a la estación de Apizaco en Tlaxcala, un pequeño estado en el centro del país. Declaró ante la fiscalía local cómo había sido el ataque. Varios uniformados llegaron en una patrulla blanca, uno de ellos gritó a los centroamericanos: “A todos los voy a matar. Bájense”.
Cuando el hombre encañonó con su escopeta a uno de los migrantes, Pedro saltó del vagón y corrió en la oscuridad. El sonido de sus pisadas sobre las piedras lo delató. Entonces escuchó varios estallidos y tres balas le perforaron la piel; la primera le atravesó cerca de la clavícula, otra quedó en su espalda y la última le destrozó su brazo izquierdo.
“Seguí caminando y empecé a sentir caliente, caliente. Ya después como que se me estaba trancando (su cuerpo dejaba de moverse), ya no podía respirar, me sentía muy, como débil”.
En una zanja se escondió de los uniformados. Sus manos y sus piernas iban perdiendo fuerza. Entonces se dijo: “Si yo me quedo acá me van a matar”. Invadido por el miedo, caminó durante horas entre los matorrales hasta llegar a una hacienda donde lo socorrieron.
Cuatro meses más tarde, Univision le acompañó al sitio donde lo habían salvado. La mujer que lo rescató dijo que quienes le atacaron eran “esos del Estado de México que andan por acá”.
La Organización Internacional para las Migraciones contabiliza que cada año 140,000 migrantes realizan un fatigoso viaje para atravesar México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Un informe realizado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes halló que cientos de ellos han sido atacados por los guardias del tren.
Viajan con regularidad en la red de trenes operada principalmente por Grupo México, un corporativo al que pertenecen las empresas Ferromex y Ferrosur. Durante un seguimiento realizado en 18 meses Univision constató que la mayoría de las máquinas, vías y estaciones de este Grupo han sido custodiadas por Cusaem. Las compañías ferroviarias no respondieron a una solicitud de entrevista para este reportaje.
No son sus únicos puntos de operación. La misma corporación de seguridad ha tenido contratos con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, una concesión férrea que corre en el sur de México, el Instituto Nacional de Migración y la cancillería.
Un Ejército informal
Cusaem ha comprado de manera legal armas al Ejército mexicano. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información, esta institución aseguró que no les han vendido balas. Entonces, ¿cómo las consiguen?
Varios guardias del tren dijeron que son los mismos empleados quienes las compran en tiendas de cacería deportiva. “Nos dijo el comandante: ‘¿saben qué? El jefe no da nada más que dinero para gasolina. Municiones las tienen que comprar ustedes poco a poquito. Vayan haciendo una alcancía. Junten 100, 200, así. Ya se pueden comprar entre todos dos, tres cajas para todos”, dijo un vigilante del tren que pidió anonimato.
El guardia habla con Univision por primera vez mientras está uniformado. Meses más tarde, confiesa que la camisa que llevaba era de un compañero difunto, las botas de otro que dejó la corporación y el pantalón no era de ningún uniforme, sino uno negro que tenía en su casa.
La mayoría de los guardias deben comprar sus propios uniformes y accesorios. Enfrente de varias sedes de Cusaem son visibles tiendas formales o puestos informales, donde se consigue por menos de 20 dólares desde un chaleco hasta una placa de policía.
Cusaem tiene una planta de empleados formales, a quienes registra ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México. La revista digital mexicana Eje Central obtuvo documentos que indican que en este esquema hay 40,000 uniformados.
Fuera de la nómina, otro Ejército paralelo también labora en la corporación. Univision habló con uno de estos vigilantes, que maneja armas sin estar registrado en la compañía y recibe su pago de nómina en una tienda departamental.
El control de sueldos de estos empleados informales se lleva con listados hechos a mano, que contienen sus nombres y sus números de cuentas privadas. Un rastreo permitió comprobar que sus depósitos quincenales se hacen en efectivo en Toluca, la capital del Estado de México, desde otras tiendas departamentales ubicadas a menos de cinco minutos de las oficinas centrales de la corporación.
El vigilante promedio del tren gana unos 300 dólares mensuales. Al no tener contrato, no recibe seguridad social, aguinaldo, vacaciones, ni un mínimo entrenamiento para el uso de las armas.
“Si no estamos dados de alta y nos balean, te quedas ahí tendido, o bueno, muerto. Lo que hacen los guardias es quitarte el uniforme y dejarte ahí tirado, para parecer que eres un inmigrante o un ratero (ladrón)”, confesó el custodio.
Cusaem está protegida por una trama legal que la blinda de hacer públicas sus operaciones financieras, dar información de lo que sucede en su interior o ser auditada. La revista Proceso de México ha reportado varios intentos en el Congreso local para regular este cuerpo de seguridad, los cuales no han sido aprobados.
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